La Familia

He aquí la genealogía del poder detrás de ciertas formas parainstitucionales de hacer política en San  Martín de los Andes. Actores noveles que empequeñecen a la antigua y bonachona aristocracia del barrio. Cuáles son sus instituciones, sus operadores, sus integrantes, sus cónclaves, sus objetivos, sus silenciados placeres ideológicos.

El Establishment vernáculo

Hace varias semanas ya, en la columna titulada La co-operación, se puso de manifiesto desde estás páginas que en San Martín de los Andes, como en cada parte de la provincia, las provincias en general y el país, se han consolidado en el tiempo, desde la denominada “patria contratista” para acá, entramados de relaciones sociales, políticas, económicas, sindicales y judiciales que constituyen respectivos bloques sociales de intereses que han sido las cadenas de transmisión operativa de lo que es el neoliberalismo como ejercicio cotidiano de entender la mecánica política y los repartos del poder, sus equilibrios, sus reaseguros, sus pactos tácticos.

Allí se dijo que había en nuestra localidad un subsistema que se percibía atacado por recientes decisiones del actual gobierno municipal, reconfirmadas en aportes del provincial, y que se enmarcaban epocalmente en un contexto histórico nacional que parece hacer eje, cuando no yerra en los recovecos poco claros de la gestión empresarial del rol del Estado, en el aporte a la autogestión social del mejoramiento de la calidad de la infraestructura pública y el financiamiento a emprendimientos productivos de carácter social o asociativo cooperativo, marcando una línea de complemento productivo y de generación de mano de obra paralelo al mercado, aunque sea éste, aún, quien hegemonice la asignación y ejecución del mayor caudal de bienes, sean públicos o privados.

En ese marco se mencionó el hecho de una reunión reservada entre un reducido pero consolidado grupo de actores interesados en torcer el rumbo actual. En aquel entonces estaba en juego el nombramiento del nuevo Contralor municipal y, como se planteara en la columna, el mencionado subsistema ya había definido su candidato: Jorge Fernández, abogado del bloque vecinalista y del empresario Raúl Copetti, este último conocido recaudador de campaña y hoy filántropo del emprendimiento político del concejal Alberto Bruno. En aquella reunión, que este escriba había confirmado a través de tres fuentes (un funcionario judicial de carrera en el Juzgado de Junín de los Andes, un asesor político en el Concejo Deliberante local y un trabajador del gremio de la UOCRA), habían sido de la partida el mencionado Jorge Fernández, el Fiscal de Cámara Fernando Rubio, el Juez de Instrucción penal acusado de violaciones a los Derechos Humanos Jorge Criado, el titular del sindicato local de la UOCRA Guillermo Olarán y un misterioso empresario inmobiliario al que ninguna de las fuentes mencionaba por su nombre. En aquella reunión se habrían acordado los pasos a seguir a fin de dar origen a la denuncia mediática, que tomaría luego su cauce judicial, sobre los contratos y ejecución de obras de remodelación del ex Hotel Sol de los Andes a cargo de la Cooperativa Sarmiento. Según conoce este escriba, el armado de documentación y comunicación habría estado a cargo del titular de UOCRA Guillermo Olarán, quien le habría entregado la “primicia” al periodista José Mozoni, que luego se transformaría en ladero del mismo Olarán en un programa televisivo y del locutor Daniel Belloli, junto a quien tomarían la conducción central de la mañana de FM de La Montaña, de la que oportunamente se había ido el conocido conductor radial Flavio Horacio Correa.

El avance de la agenda de los contertulios fue lento pero tuvo el mencionado golpe inicial que llenó de júbilo sus ambiciosas esperanzas. Luego, como se sabe, tuvo un contundente revés en la intervención provincial para bochar la designación de Jorge Fernández al frente de la Contraloría, quien como se revelara también en la columna La Agenda había sobrevendido su triunfo alardeando ante la misma triunfadora de la compulsa, la actual Contralora municipal Carolina Torres. No viene a cuento mencionar las recriminaciones en sordina que se propinan los integrantes del MPN-MID por aquella decisión, pues bien se dice que no se llora sobre la leche derramada, pero que las hay, las hay, más aún luego del apalenque del “rocinante” Pereyra en el corazón de la seccional Lacar. Al margen de estas digresiones, los cónclaves de la mesa chica continuaron y se develó por fin quién era el desarrollador inmobiliario involucrado y quién el poderoso anfitrión detrás del sostenimiento de ese “armado”. Los nombres no son poca cosa y vienen a dar aire a la hipótesis de máxima detrás del armado de la lista B para las PASO dentro del Movimiento Popular Neuquino. Además, habría sido producto de la alerta encendida por este nuevo establishment de arribistas en la ciudad, que el mismo Gobernador en persona diera la indicación al ex Intendente Sergio Schoro de bajar al territorio y ordenar al, por entonces, bloque propio de concejales, que le bajaran el dedo al abogado de tándem Copetti-Bruno, Jorge Fernández.

La blindada residencia de Copetti en Potrero Alto

En la columna anterior llamada Salpicón se expusieron una serie de hipótesis que pretendían brindar explicaciones acerca de la decisión de la seccional local del MPN de integrar el armado del “rocinante” Pereyra. La más arriesgada de ellas mencionaba una idea que se vincula con los trasfondos de estas reuniones tal como fueran expuestos en la columna La co-operación. Cuando correspondió el análisis del cierre de listas en el MPN, se sostuvo que en la apuesta a todo o nada de Pereyra-Crexel-Saloniti, se escondía la sorda intención del Intendente Quiroga de fracturar el MPN de cara a las elecciones de 2015 para poder organizar su gira al interior con una flota de ambulancias políticas. Cabe aclarar aquí que el concejal Saloniti expresó en privado ante este escriba, oportuno es decir que con
destacable educación y respeto por las diferencias, sus observaciones críticas en cuanto a la hipótesis y que si bien se reconocen valores apreciables en su argumentación, la confirmación de la presencia de Daniel Vita como el inmobiliario antes silenciado y de Raúl Copetti como el misterioso anfitrión en su residencia blindada de Potrero Alto permiten darle sobrevida a la hipótesis de entonces, y que fuera negada por el concejal emepenista.

Como bien mencionara en la extensa columna La co-operación, en donde pusiera de relieve la existencia de este subsistema que opera como establishment de las micro corporaciones locales, las razones del armado apuntan al restablecimiento de una estructura de vínculos de poder que determinen el curso de las políticas públicas y las concurrentes inversiones que devienen de la acción del Estado. Sabido es que San Martín es una comunidad que genera cuantiosos ingresos y que se encuentra en coyunturas que hacen brillar los ojos de los “poderosos” locales. A punto está de tratarse el estacionamiento medido y la ordenanza de plusvalía urbana con lo que debiera haber un importante flujo financiero en el Municipio y la concreción de obras. La firma del nuevo programa entre Nación, Provincia y Municipio denominado “Mas Cerca” pondría al ejecutivo ante la decisión de encarar la realización o contratación de obras; pero también la emergencia habitacional y la demanda de tierras son potenciales lugares donde el subsistema de negocios y política, con el concurso sindical y la respectiva protección judicial puede garantizar temporadas de júbilo para quienes saben reproducir el poder y las fortunas de la mano del ejercicio de la actividad política. Toda esta coyuntura acelera las jugadas de este grupo de conjurados que, impunes, blanden el acero y se relamen hasta frente de las cámaras.

“Quiero cualquier cosa de los Fernández. Traeme lo que sea, público o privado”

La frase despertó preocupación en el funcionario público que fue receptor del mandato concluyente, determinante, punitivo. El emisor de la intimación es de peso, tiene poder institucional propio pues es nada más ni nada menos que el Fiscal de Cámara de San Martín de los Andes, Fernando Rubio, pero además se sienta en la mesa de arena donde los armadores del futuro sanmartinense juegan sus cartas sobre la política local. Poco importa que hoy el Fiscal se encuentre en la picota debido a su rol en la causa por la estafa a NeuquenTur de parte de Geografías del Sur, en la fallida instalación del CIEDE en el ex Hotel Sol, el vaciamiento y posterior saqueo de sus instalaciones, luego de un crédito blando entregado por el IADEP a través de una decisión política de Jorge Sobisch sin el correspondiente respaldo técnico-financiero (la empresa en cuestión contaba con un capital inicial propio que sumaba la obscena e impune cifra de doce mil pesos, créalo). Al margen, el Fiscal Rubio, oportuno es decirlo, no lleva en persona ninguna causa contra el Municipio ni aún la resonante causa Aigo contra el hijo del Intendente, pero sí oficia como jefe de los Fiscales de la IV Circunscripción Judicial y coordina el trabajo de los mismos en las distintas causas que se tramitan en el fuero local.

La gravedad del recado punitivo paraestatal que encomendara el Fiscal a un subordinado directo suyo tiene aristas muy complejas. Primero que nada, se le escapo a este audaz funcionario que trabaja a destajo por quedar bien con el poder que las paredes de las oficinas públicas tienen la desagradable costumbre de oír y que, para más, con los rencores que suelen acumular los jefes en los años de desempeño institucional, propician el aprendizaje de esas mismas paredes por verbalizar con saña aquello que hiere los intereses inconfesables de sus mandantes. Pero esta es la anécdota que da cuenta de cómo se escurre el poder de los desbocados por los azarosos pliegues de la institucionalidad y no es lo más grave. Cierta preocupación reside, por un lado, en lo lejos que queda el control ciudadano sobre la silenciosa tarea del Poder Judicial. Importa decir aquí, ante la agenda nacional que posa un ojo inquisidor sobre su desempeño, que si bien parecen deficiencias de sistema son producto de las características de las sociedades que encarnan esas instituciones y no de la particular arquitectura jurídica del Estado, provincial para este caso. No cree este escriba que el problema resida en el sistema sino en sus actores. Al respecto, paradójico es que se celebre la judicialización de la política y no se entienda esa intromisión como politización de la “Justicia”. Sobre ello, llama la atención y debiera preocupar en general, que parece traslucirse una evidente determinación política detrás de ese mandato persecutorio, puesto que ningún ciudadano, llámese como se llame, puede ser sujeto de investigación sin que la orden que le dé origen se halle fundada y enmarcada dentro de un proceso legal. Cabe preguntarse qué aspiran a hallar el cuerpo de fiscales de los distintos integrantes de la familia del Intendente y si esto tiene el objetivo de subsanar alguna falta cometida en perjuicio del bien público o privado de un particular afectado, o sólo el hecho de sembrar más conflictos mediáticos en los, ya de por sí, sinuosos senderos por los que se desplaza el ejercicio político local y el desempeño del Intendente Fernández en particular.

Viene al caso, y para terminar,  una breve apostilla que ilustra la complejidad que subyace en el juego político de la judicialización en la IV Circunscripción. Con motivo de lo que parece el cierre de la instrucción en la causa Aigo, el Fiscal Manuel González pidió la elevación a juicio para el hijo del Intendente y su esposa por falso testimonio y encubrimiento. Hasta allí no había sorpresas puesto que al momento de solicitar el procesamiento esa fiscalía se había expresado en los mismos términos. El caso es que la querella, al parecer, y según declaraciones del letrado Castañeda al programa radial del periodista Fernando Bravo, solicitaría también la elevación a juicio por las mismas imputaciones que la fiscalía, desistiendo del encuadramiento como partícipe necesario que habían solicitado al momento de pedir el procesamiento de quien, entonces, resulta ser un mero testigo aún para quienes se mostraron como una querella sedienta de verdad, a veces, trasluciendo inquina. Pero la decisión es una más en un proceso y no pareciera plantear mayores reparos. No obstante, lo cierto es que a lo largo de un año y medio de instrucción en una causa que a ojos de cualquier observador no interesado se encontraba esclarecida la misma noche del asesinato, fuimos siendo informados por los abogados querellantes que el joven Marcos Fernández estaba comprometido como partícipe necesario. A cada incursión mediática de los letrados de la familia del policía asesinado, se reconfirmaba la gravedad que acechaba al hijo del Intendente, ya estaba, era seguro, estaba condenado, iba a ir a la cárcel de por vida. Hasta surgió una misteriosa testigo que involucró al Secretario de Gobierno del Intendente Fernández y se aseguraba que era inminente el llamado a declaración porque se dijo, Guillermo Carnaghi había hospedado en Junín de los Andes al asesino de Aigo. Hoy parece que nada estaba tan confirmado, Carnaghi no fue llamado a declarar, lo secuestrado en la delegación local de ANSES no habría tenido relevancia alguna y la participación de Marcos Fernández no habría sido tan necesaria. Para sostener la existencia de intereses políticos claros detrás del curso mediático que le dieron a la causa los letrados querellantes hace falta conocer íntegramente el contenido del expediente y eso llegará con el Juicio, aunque indicios hay. No obstante, a su turno una segura columna en estas páginas se adentrará en las razones silenciosas que parecieran asomar por detrás. Al margen, de seguro que lo más preocupante no son los actores políticos que deben soportar las inevitables operaciones en su contra sino los familiares directos de Aigo que fueron esperanzados vanamente por la querella sobre la “inminente” condena de Fernández, un ajusticiamiento entendible que moviliza el dolor de toda víctima, pero que al cabo de la instrucción se ve frustrada por la crudeza de las pruebas que sus abogados no supieron generar. He aquí las verdaderas víctimas de la politización de la Justicia.

“Decime a quién coimearon y se termina todo”

La denominada causa “Cooperativas VIP” nació, como dijimos, en un diario digital local pero por lo que se sostuvo de entrada a través de la columna “La co-operación” se había pergeñado en las reuniones de la mesa de arena que se sirve en Potrero Alto. Pero el punto siempre fue dónde nació la duda, la sospecha, el armado de la información. Como se sabe, los anticuerpos se generan inoculando el virus en el organismo mismo, pero puede suceder que de la misma organización surja el “topo” que filtre las debilidades propias para que sean aprovechadas por quienes quieren en uno inocular el virus de la muerte. Veamos en el pago chico el ejemplo político de esta parábola medicinal que se globalizó esta semana en el papelón geopolítico que implicó la retención de Evo Morales diecisiete horas en Viena.

Héctor Michelena (alias Pángaro, como el rústico vino que se ofrece por litro y medio y en envase de cartón al pobrerío) es un empleado municipal que actualmente forma parte tanto de la base sindical de ATE como de los equipos técnicos que está conformando el concejal Alberto Bruno para, con lubricante financiero del empresario Copetti, penetrar legalmente el Estado municipal. Pero este polifuncional trabajador, antes de convertirse en operador y estrechar vínculos de conveniencia con el concejal naranja y el sindicalista de UOCRA Guillermo Olarán, manifestaba inquietudes sociales de corte reivindicativo y supo participar activamente en la conformación y desempeño de la muy señalada Cooperativa Sarmiento. De hecho cuando surge el tema que nos ocupa, rápidamente se mencionó que hubiese correspondido que el contrato directo sea aprobado por el Concejo Deliberante tal como había sucedido un año antes en momentos en que la Cooperativa en cuestión llevó adelante tareas de refacción en el paseo de la costanera. ¿Fue casual el recuerdo o lo convocó Michelena? El caballero apodado Pángaro detentaba el cargo de Tesorero de la mentada Cooperativa, pero cuando se llevaron adelante esas tareas ocurrió un faltante de dinero y la retención ilegal de parte de los jornales correspondientes de los integrantes de la asociación. La irregularidad no fue perdonada por sus colegas y el jovato operador de apodo vitivinícola fue denunciado y se lo obligó a renunciar. ¿Usted vió a los fiscales preocupados por esclarecer el tema? Más bien se los ve cerca de Michelena.

Como es de público conocimiento la causa “Coopertivas VIP” reportó sucesos mediáticos desde su origen. Hubo varios allanamientos y recientemente se requisaron los estudios de los abogados de la Cooperativa, un perfil profesional de los letrados que el gremio no puede tolerar. El ruido ya se disipó pero supone este escriba que tendrá en suerte el mismo derrotero que la resonante causa Aigo, medidas espaciadas que permitan reflotar el tema, repasarlo, resembrar las dudas, los nombres de los implicados. Eso diría uno desde afuera, pero no. Veámos.

Los investigadores, que como dijéramos se riegan con buen vino en la mesa de arena de la abovedada residencia de Potrero Alto, están convencidos, como todo ladrón, que son todos de su misma condición. Así es que, luego de una extensa tregua entre los miembros de la Cooperativa y el titular de UOCRA Guillermo Olarán, y ante la evidencia de que había participación de este último en el armado de la operación, se precipitó el ruido sobre las nueces. Así es que surgió como mandato del cónclave la decisión de cambiar el eje del escándalo. La causa (o las causas, porque se habrían dividido) no tiene mucho jugo más. No habría qué reprochar a la acción gubernamental y a la cooperativa se le recaería por irregularidades formales menores que darían lugar al ruido mediático sin cosecha en tribunales, aún detentando sus resortes en absoluta integralidad. De este análisis resultó la necesidad de dividir el abordaje. Por un lado, aun sin elementos concretos, proceder incesantemente a generar acciones mediáticas y procesales que expongan a este grupo de trabajadores de la construcción a la mirada inquisidora de la prensa y la sociedad con la finalidad de desgastar su estructura política y desplazarlos de la competencia en el mercado de la construcción a horas de la ejecución del “Más Cerca” donde, con el sello de goma de Cámara de la Construcción, Olarán y sus amigos pretenden ir de pesca a la trampa de peces de la Costanera y volverse con toda la mosca.

Pero como mencionáramos desde que perfilamos por primera vez las incumbencias de este subsistema, a más de los objetivos económicos tienen también objetivos políticos. Sapag está inventando su relevo desde algo así como su riñón, pero a los nuevos vecinos no son esos los perfiles que más les gustan. Como la interna se avecina feroz y augura la permanencia de daños que no supurarán en breve, no vislumbran la posibilidad de realizarle diálisis al binomio Pechén-Bertoya por lo que la opción se fortalece cada vez más por afuera, retomando las conversaciones con el herido Quiroga que se muestra como la cara más prolija que garantice un eventual relevo por derecha de la actual conducción hegemónica del Estado provincial. Por casa la cosa es diferente y por ello talla la frase del título. El gobierno local, aún lesionado desde el arranque y con una base de sustentación que se muestra estrecha y limitada por lo conseguido, conserva la posibilidad de repetir. Es por ello, y frente a la decisión eventual de sostener un armado por fuera del MPN que fragmente aún más el voto de centroderecha, que el objetivo de los conjurados de Potrero Alto es el desgaste del gobierno. Para ello en las últimas semanas y complementando el hostigamiento de los ccoperativistas hubo un acercamiento en otros términos. Concretamente, el emisario avanzó sobre los cansinos albañiles y aseguró que “si dicen a quién coimearon para tener la obra, se termina todo el problema de ustedes”. En Palacio sostienen que de ninguna manera existió tal cosa y que si hicieran una auditoría a la obra surgiría de ella que los costos son aún menores que con cualquier otro esquema de ejecución, pero descreen que hagan eso porque demostraría que todo el ruido no era más que una operación.

En definitiva, habrá que ver el desenlace de todo esto. Lo cierto, y para finalizar esta extensa columna, que San Martín se debate sordamente entre un sistema político institucional y uno paraestatal que no puede confesarle a la ciudadanía cuáles son sus verdaderos intereses. Vale aclarar que este dilema se replica en buena parte de la Argentina pero el nuestro parecía aún un bucólico paraje cordillerano donde permanecían las formas campechanas, los vínculos de proximidad y el resguardo de lo público ante las pulsiones sectarias e interesadas de alguna selecta bandada de carroñeros. Ya fue dicho, la vieja aristocracia del pueblo es frente a estos advenedizos una inofensiva jauría de herbívoros conservadores. Sólo resta aguardar que los armados o partidos institucionalistas puedan dejar de lado la incidencia de esos actores sobre la política local.

Emilio R.